— Capacidades de obrar:
— — capacidad de obrar,
— — preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad,
— — no prohibición para contratar,
— — no estar incurso en incompatibilidades,
— — cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,
— — cumplimiento con las obligaciones tributarias,
— — para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
— Solvencias económicas y/o clasificación:
— — cifra anual de negocio. Descripción: declaración del empresario indicando el volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de ofertas deberá ser igual o superior al valor estimado del contrato, es decir, 8 703 425 EUR.
— Solvencias técnicas:
— — trabajos realizados. Descripción: una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de este contrato en el curso de los 3 últimos años, en los que se indiquen el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados. El importe anual acumulado que el empresario deberá acreditar como ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo citado (3 últimos años) será de un importe igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato, tomando como criterio de correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que constituyan el objeto del contrato la igualdad entre los 3 primeros dígitos del código CPV que figura en la cláusula 3 del PCAP (853). El importe mínimo a acreditar es de 1 218 480 EUR. Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurre no está incursa en una prohibición de contratar.